La construcción de la escultura de Trénor y Fernández Ordóñez lleva parada desde 1991.

A finales de los 80, el escultor Rafael Trénor y el ingeniero de caminos José Antonio Fernández Ordóñez proyectaron una escultura que representa una gigantesca esfera armilar o astrolabio esférico. Estaba destinada a ser construida en la isla de la Cartuja con motivo de la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Se pretendía que fuese un monumento emblemático, como la torre Eiffel y el Atomiun de Bruselas lo fueron en Exposiciones anteriores. Sin embargo, la idea fue finalmente rechazada.

La Sociedad Estatal Quinto Centenario y la cooperativa Promoción Social de la Vivienda (PSV), vinculada al sindicato UGT, decidieron hacerse con el proyecto para construir la esfera armilar en Madrid, en el polígono de Valdebernardo. Incluso el 17 de junio de 1991 llegó a ponerse la primera piedra, pero ante la llegada de la crisis económica de 1992, la Sociedad Estatal Quinto Centenario decidió retirarse, perdiéndose así los 2.000 millones de pesetas que debía aportar.

A pesar de ello, la PSV decidió seguir adelante con el monumento, cuyo coste total superaba los 6.000 millones de pesetas. Pero la obra tuvo que detenerse cuando en febrero de 1994 un juez intervino la cooperativa de viviendas:

«La PSV (Promotora Social de Vivienda) fue la primera cooperativa de viviendas fraudulenta, creada en los años 90 por la UGT, que impulsó la construcción masiva de viviendas sociales baratas. Por la mala gestión de los directivos de IGS-PSV en grandes operaciones inmobiliarias, le llevó a declararse en suspensión de pagos en 1993.»

Los directivos de PSV terminaron en el banquillo y la esfera armilar quedó, una vez más, arrinconada.

En 1997 el proyecto de la esfera reaparece, esta vez en Valencia, cuyo Ayuntamiento está dispuesto a instalar la escultura en el Parque de Cabecera. Se encarga el proyecto definitivo a los autores del diseño, pero éstos terminan en los tribunales con la promotora, paralizándose de nuevo la construcción.

A continuación empieza una serie interminable de conflictos de diferentes tipos, que han llegado hasta nuestros días.

En primer lugar está la cuestión sobre la ubicación del monumento. Del Parque de Cabecera, donde se preveía inicialmente, pasa al Parque Central, como deseaba la alcaldesa Rita Barberá, pero con la oposición de los vecinos de la zona:

«Los vecinos y la grupos de la oposición municipal rechazaron ayer [12/10/2005] que la Esfera Armilar se ubique en el parque Central porque restaría espacio verde tan reivindicado por los residentes desde hace años. Mientras la alcaldesa Barberá aplaude la ubicación, el resto exige que se instale en el parque de Cabecera.»

Desde entonces se han barajado hasta cuatro posibles emplazamientos, siendo el del Parque Central el defendido por el Ayuntamiento, así como por la Generalitat Valenciana, que en 2004 quiso que la escultura se convirtiera en el emblema de la Copa América, lo que tampoco fue posible.

Por otro lado, está el problema de saber quiénes son ahora los titulares de los derechos de propiedad de la esfera, ya que no está claro si los herederos de José Antonio Fernández Ordóñez (fallecido el 3 de enero de 2000) lo son:

«El Gobierno valenciano está a la espera de clarificar la titularidad de los derechos sobre la Esfera Armilar antes de seguir adelante con este proyecto, que está previsto que se ubique en el Parque Central y al que la Generalitat no quiere renunciar.

Así lo ha afirmado el conseller de Economía, Gerardo Camps, en su comparecencia en la comisión parlamentaria de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat, a la que ha acudido, a petición del grupo socialista, para explicar la situación actual y las perspectivas de futuro de este proyecto.

Camps ha manifestado que en 2004, una vez el president de la Generalitat, Francisco Camps, anunció que la Esfera Armilar se ubicaría en Valencia y se encomendó el proyecto a la Sociedad Proyectos Temáticos, se planteó la constitución de una fundación con los implicados en su ejecución.

Por una parte, el Ayuntamiento de Valencia, encargado de ceder los terrenos, y la Sociedad Proyectos Temáticos, que debía contratar estudios técnicos necesarios, y por otra, la empresa Nou Campanar, que aportaría los derechos de propiedad adquiridos en 1997 a los creadores de la Esfera, Rafael Trénor y Antonio Fernández Ordóñez.

Sin embargo, según ha señalado el conseller, la fundación no llegó a constituirse, al haber indicios de que los derechos de propiedad intelectual sobre el proyecto, atribuidos en un principio sólo a Trénor, podrían estar en manos de los herederos de Fernández Ordóñez.

En este sentido, ha afirmado que hasta que no se verifique «la situación real de los titulares sobre cualquier derecho sobre la esfera y se suscriba un acuerdo preliminar por el que se cedan todos y cada uno de los derechos de propiedad industrial e intelectual y de posterior explotación, no es posible asumir compromisos y obligaciones para la puesta en marcha del proyecto».

En estos asuntos suele haber también mucha política por medio, en especial cuando Ayuntamiento y Generalitat están en manos de un partido y el gobierno central en las de otro. En noviembre de 2007, el conseller de Economía de la Generalitat Valenciana echaba parte de la culpa al Ministerio de Fomento:

«Gerardo Camps también insinuó que el retraso en la construcción del hito de acero de casi 100 metros de altura y 90 de ancho se debe a que el Ministerio de Fomento no ha ejecutado el soterramiento del cinturón ferroviario, que liberará el suelo para el Parque Central, el nuevo pulmón verde de la ciudad.

Para que la escultura no tenga afección al túnel ferroviario deberá ubicarse en uno de los espacios laterales del parque -en forma de rombo-. Cuando el presidente Francisco Camps anunció en 2005 que la esfera se construiría en el Parque Central surgieron dudas sobre la incompatibilidad, por el elevado peso de la escultura, con el pasillo ferroviario subterráneo.»

Entre las noticias curiosas alrededor de la cuestión destaca que la esfera armilar podría llevar incorporada en todo lo alto una antena de telecomunicaciones.

A fecha de hoy, el proyecto -valorado ahora en 50 ó 60 millones de euros- parece nuevamente condenado al abandono: si la crisis económica de 1992 frustró implantar la obra en Madrid, la crisis que actualmente vivimos es peor que aquélla.

Por si fuera poco, en los últimos días se ha sabido que uno de los principales valedores del proyecto, el Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, es uno de los nombres que figura en el sumario abierto por el juez Baltasar Garzón acerca de la trama de corrupción dentro del Partido Popular, por lo que -sin preguzgar nada acerca de su inocencia o culpabilidad- el futuro de este político se presenta incierto.

La maldición de la esfera armilar está actuando de nuevo.